El diputado por el Distrito 26, Fernando Bórquez (UDI), ofició este viernes a la Contraloría General de la República que inicie una indagación respecto a la implementación de inhibidores de señal de teléfonos celulares en en centros penitenciarios del país, pues a su juicio “el plan ha presentando retrasos y obstáculos” en su implementación.

“Desde que el Gobierno anunció esta medida”, acusó el legislador, “hemos evidenciado escasos avances en la materialización de esta importante medida para combatir a integrantes de peligrosas bandas del crimen organizado que siguen operando desde las cárceles en coordinación con otros miembros de asociaciones que se encuentran en el exterior. Esto no se puede tolerar, hay que erradicar este tipo de práctica, en las cárceles no pueden existir celulares. En la región tenemos cárceles donde tenemos integrantes del tren de Aragua, entonces, debemos anular al crimen organizado no se le puede dar regalías, menos para que sigan delinquiendo o organizándose desde las cárceles”.

Bórquez subrayó que se han recibido denuncias que “el 30% de los dispositivos serían encendidos, pero de manera intermitente, por lo que en algunos momentos del día no se encontrarían operativos, funcionando solo en horario de almuerzo del personal de Gendarmería, desde el mediodía hasta las dos de la tarde”.

“A su vez, no se estaría logrando la neutralización o interferencia efectiva de las señales en todos los sectores, ya que todavía hay casos en que internos realizan grabaciones con celulares, cuyo registro ha sido difundido, incluso, por redes sociales”, cerró Bórquez.

En el sector San Juan de Chadmo, pequeños agricultores y agricultoras pertenecientes a comunidades indígenas de Huaipulli, Huequetrumao Histórico, Huequetrumao Autónomo y Huequetrumao Alto, han recibido en terreno los insumos del Fondo Único de Financiamiento (FUF) que les permitirá adquirir bienes e insumos para mejorar sus sistemas productivos.

Los insumos incluyen fertilizantes, semillas, alimentos para el ganado, mallas para cierre e implementos de trabajo, entre otros.

Cerca de 50 familias del Programa PDTI Quellón se han beneficiado de esta iniciativa, que está siendo ejecutada por el municipio local y atiende a un total de 376 familias de 21 comunidades.

En total, 328 usuarios y usuarias de esta unidad operativa han recibido un incentivo de capital de trabajo que supera los $128 millones de pesos. Más del 40% de estas familias han optado por realizar compras asociativas que promoverán un desarrollo productivo más sostenible.