El diputado por el Distrito 26, Fernando Bórquez (UDI), ofició este viernes a la Contraloría General de la República que inicie una indagación respecto a la implementación de inhibidores de señal de teléfonos celulares en en centros penitenciarios del país, pues a su juicio “el plan ha presentando retrasos y obstáculos” en su implementación.

“Desde que el Gobierno anunció esta medida”, acusó el legislador, “hemos evidenciado escasos avances en la materialización de esta importante medida para combatir a integrantes de peligrosas bandas del crimen organizado que siguen operando desde las cárceles en coordinación con otros miembros de asociaciones que se encuentran en el exterior. Esto no se puede tolerar, hay que erradicar este tipo de práctica, en las cárceles no pueden existir celulares. En la región tenemos cárceles donde tenemos integrantes del tren de Aragua, entonces, debemos anular al crimen organizado no se le puede dar regalías, menos para que sigan delinquiendo o organizándose desde las cárceles”.

Bórquez subrayó que se han recibido denuncias que “el 30% de los dispositivos serían encendidos, pero de manera intermitente, por lo que en algunos momentos del día no se encontrarían operativos, funcionando solo en horario de almuerzo del personal de Gendarmería, desde el mediodía hasta las dos de la tarde”.

“A su vez, no se estaría logrando la neutralización o interferencia efectiva de las señales en todos los sectores, ya que todavía hay casos en que internos realizan grabaciones con celulares, cuyo registro ha sido difundido, incluso, por redes sociales”, cerró Bórquez.

El gobierno ha anunciado planes para la construcción de un nuevo aeropuerto en la región de Valparaíso, específicamente en Concón. Este proyecto busca mejorar la conectividad aérea en la zona y promover el turismo, ya que se espera que el aeropuerto cuente con vuelos directos hacia Argentina, fortaleciendo los lazos entre ambos países.

El nuevo aeropuerto tendrá una capacidad para recibir aviones de mayor tamaño, lo que permitirá la operación de vuelos internacionales y nacionales con una mayor eficiencia. Además, se espera que esta infraestructura contribuya al desarrollo económico y turístico de la región de Valparaíso, generando nuevas oportunidades de empleo y atrayendo inversiones.

La construcción del aeropuerto de Concón se llevará a cabo en dos fases, con una inversión estimada de más de 300 millones de dólares. Se prevé que las obras comiencen en 2025 y que el aeropuerto esté completamente operativo para el año 2027, lo que representa un importante hito en el desarrollo de la infraestructura aeroportuaria del país.

El proyecto contempla la modernización y ampliación del actual aeródromo de Concón, así como la construcción de nuevas terminales de pasajeros y carga, zonas de estacionamiento, y mejoras en las pistas y sistemas de navegación. Estas mejoras son fundamentales para garantizar la seguridad y eficiencia de las operaciones aéreas en el nuevo aeropuerto.

El alcalde de Concón, Freddy Ramírez, dijo que “tener un aeropuerto implica desafíos para los cuales estamos preparados, pero necesitaremos sin duda mucho apoyo. Con mucho orgullo puedo decir que estamos preparados. Sin soberbia y con mucha humildad hemos tenido logros importantes, y este es uno de ellos”.

“Acá hay sueños y esperanza, muchas horas de trabajo y de estudios, hay historia e identidad. Acá se nos desafía a crecer en pos de la región y del país. Acá se puede construir algo importante, porque Concón tiene una base muy sólida y a su gente”.

destacó.

Fuente | infobae.com

La Fiscalía y la Policía de Investigaciones confirmaron este viernes el fallecimiento de Ronald Leandro Ojeda Moreno, el exmilitar venezolano de 32 años que el miércoles de la semana pasada fue secuestrado desde su departamento de la comuna de Independencia, en la ciudad de Santiago.

Su cadáver fue encontrado «en una estructura de cemento, al interior de una maleta», en un campamento de la comuna de Maipú, y este mismo viernes se confirmó que ya hay tres involucrados identificados, aunque, de momento, sólo uno de ellos está detenido: un adolescente de 17 años en situación migratoria irregular.

Ojeda nació en 1991 y se autodefinía como «ex preso político»: en 2017, siendo teniente del Ejército venezolano, fue detenido tras ser acusado de «rebelión e instigación a la rebelión».

El 30 de noviembre del mismo año logró escapar, junto a otros presos, de la cárcel militar de Ramo Verde, donde también estuvo preso el disidente Leopoldo López.

El régimen chavista publicó en febrero de 2018 un decreto en el que expulsó de las Fuerzas Armadas -sin juicio previo- a 13 altos oficiales y 11 primeros tenientes, entre ellos, a Ojeda Moreno.

En noviembre del 2022, ya instalado en Chile, el exmilitar protestó frente al Palacio de La Moneda con una bolsa en la cabeza, reclamando por la situación de los presos políticos en Caracas.

«TRAIDOR DE LA PATRIA»
En 2023, el Gobierno de Gabriel Boric le concedió asilo político, y el 23 de enero del presente año, el Ministerio del Poder Popular para la Defensa de Venezuela lo incluyó en una lista de «traidores de la patria» degradados de las Fuerzas Armadas.

Las 33 personas que aparecen en esa lista son acusadas de «conspiraciones mediante la planificación de acciones criminales y terroristas para atentar contra el sistema de gobierno legítimamente constituido, las autoridades e instituciones del Estado y el pueblo venezolano, contemplando incluso, el asesinato del primer mandatario nacional (Nicolás Maduro), todo lo cual representa ‘Actos de Traición a la Patria'».

«Esta acción, acorde con las tradiciones y los códigos ético morales que caracterizan a la FANB (Fuerza Armada Nacional Bolivariana), se ejecuta toda vez que los precitados sujetos no son dignos de pertenecer a nuestras filas, por haber quebrantado con su conducta las Leyes y Reglamentos nacionales y militares, quedando tal acción entendida como una medida ejemplarizante, sin menoscabo de las consecuencias penales que acarreen sus delitos», añade el documento.

El fiscal general de Caracas, Tarek William Saab, lo acusó de formar parte del plan «Brazalete Blanco», en el que también incluyó a la activista Rocío San Miguel, recientemente detenida en un aeropuerto al intentar salir del país.

El perfil del exteniente y el modo en que fue raptado desde su domicilio desataron inmediatas sospechas sobre el posible involucramiento del Gobierno venezolano, que -en voz de Diosdado Cabello- ya ha negado dos veces estar detrás.